Expertos en trámites notariales, fácil, rápido y sin complicaciones.

El 70% de los retrasos en trámites notariales se deben a inconsistencias en la documentación inicial (certificados vencidos, minutas inadecuadas o errores de transcripción). Nuestro equipo jurídico asume la revisión previa, la elaboración de minutas a la medida, el estudio de títulos, la radicación formal ante el notario y el seguimiento semanal del proceso. Así garantizamos que el trámite sea radicado correctamente desde el primer intento, evitando desplazamientos innecesarios y reprocesos.

Los tiempos publicados en nuestro portal corresponden al tiempo promedio de gestión expresado en días hábiles. El cómputo inicia formalmente al día hábil siguiente a la entrega completa de la documentación requerida y a la validación por parte del equipo jurídico. Dichos términos contemplan un margen operativo estándar de hasta cinco (5) días hábiles para atender eventualidades propias de la función pública notarial o de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Gestionamos la mayor parte del trámite de forma remota (estudio previo, redacción de documentos, radicación y seguimiento). La presencia física de las partes solo se requiere para el acto de firma de la escritura pública o diligencia de autenticación, la cual podrá coordinarse en la notaría asignada o, de ser viable y según la normativa notarial aplicable, mediante el servicio de firma a domicilio o medios digitales autorizados.

Presentamos a cada cliente una cotización clara y transparente. Los derechos notariales están fijados anualmente por la Superintendencia de Notariado y Registro mediante resolución tarifaria, mientras que la retención en la fuente, el impuesto de registro (beneficencia) y los derechos registrales varían según la naturaleza y cuantía del acto. En nuestra cotización desglosamos detalladamente los honorarios de asesoría jurídica y los tributos de ley aplicables a su negocio.

Durante la fase de diagnóstico y revisión documental previa, identificamos vigencias (tales como certificados de libertad y tradición o paz y salvos de impuesto predial y valorización) y discrepancias en nombres, números de identificación o linderos. Le notificaremos de inmediato y le orientaremos en la subsanación o actualización previa para evitar que el notario devuelva o dé por desistida la actuación.

La promesa de compraventa es un contrato vinculante que fija las condiciones del negocio (precio, forma de pago, fecha de entrega del inmueble, saneamiento por evicción y cláusulas penales por incumplimiento). Garantiza jurídicamente el acuerdo previo mientras se efectúa el estudio de títulos, el desembolso de un crédito hipotecario o la consecución de paz y salvos necesarios para otorgar la escritura pública de compraventa.

Para la cancelación de una hipoteca mediante escritura pública se requiere: la solicitud formal o minuta de la entidad financiera o acreedor particular, el Paz y Salvo o Carta de Cancelación emitida por el acreedor, la fotocopia de la cédula del propietario y la certificación de libertad y tradición del inmueble con expedición reciente (no mayor a 30 días).

El englobe une dos o más predios colindantes en una sola matrícula inmobiliaria, mientras que el desenglobe subdivide un predio matriz en varias unidades independientes. Ambos actos requieren la elaboración de la minuta, los planos topográficos debidamente firmados por profesional competente y, cuando la norma urbanística local lo exija, la respectiva licencia de subdivisión o certificación emitida por la Curaduría Urbana o la Secretaría de Planeación Distrital o Municipal.

Se requiere el proyecto de constitución o reforma del Reglamento de Propiedad Horizontal acorde con la Ley 675 de 2001, la licencia de construcción aprobada junto con los planos de la edificación o conjunto, la memoria descriptiva de los bienes de dominio particular y áreas comunes, y la certificación del área del terreno y de las construcciones.

Sí. En Colombia es procedente realizar el divorcio o la cesación de efectos civiles por vía notarial siempre que exista común acuerdo entre los cónyuges. El trámite requiere la intermediación de un abogado mediante poder otorgado por ambos cónyuges, el acuerdo regulatorio sobre la sociedad conyugal y, si existen hijos menores de edad, el acuerdo formal respecto a custodia, régimen de visitas y cuota alimentaria, el cual se remite previamente a concepto del Defensor de Familia.

Las capitulaciones matrimoniales son una convención que se otorga por escritura pública antes de contraer matrimonio o declarar la unión marital de hecho, con el objeto de acordar qué bienes no entrarán a formar parte de la sociedad conyugal o patrimonial. Por el contrario, la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial se realiza durante el matrimonio o al momento del divorcio para repartir y adjudicar legalmente los bienes y deudas adquiridos dentro de la sociedad.

La sucesión por vía notarial exige que todos los herederos estén de acuerdo, sean plenamente capaces (o actúen representados debidamente si hay menores) y actúen por conducto de apoderado judicial (abogado). Su término habitual oscila entre 20 y 35 días hábiles, tiempo que comprende la elaboración del inventario y avalúo de bienes, el trabajo de partición, la notificación a la DIAN para verificar obligaciones tributarias pendientes y la firma de la escritura pública correspondiente.

Es el instrumento público firmado formalmente por la pareja de convivencia no casada para dejar constancia de la existencia de la comunidad de vida. Al otorgarse mediante escritura pública o acta de conciliación notarial, permite fijar con certeza la fecha de inicio de la relación para efectos patrimoniales (conformación de la sociedad patrimonial de compañeros permanentes a partir de los dos años) y de seguridad social.

Proceden por vía notarial las correcciones dirigidas a subsanar errores ortográficos, mecanográficos o de digitación en los datos del folio (como nombres, apellidos o fechas), siempre que no modifiquen el estado civil ni la filiación de la persona. Requiere la solicitud por escrito acompañada de los documentos antecedentes probatorios pertinentes.

La constitución de empresas (por ejemplo, Sociedades por Acciones Simplificadas - S.A.S., Sociedades de Responsabilidad Limitada, entre otras) se estructura mediante estatutos sociales preparados conforme a las necesidades societarias de los accionistas o socios.

Aquellas reformas de la sociedad que exijan por disposición legal o por estatutos la solemnidad de la escritura pública, tales como la transformación del tipo societario, fusiones, escisiones, disolución anticipada, o aumentos/disminuciones de capital suscrito que afecten la estructura básica fijada en escrituras previas.

Es un negocio jurídico mediante el cual una persona (fideicomitente) transfiere la propiedad de uno o más bienes a una sociedad fiduciaria para que los administre o desarrolle la finalidad pactada (inmobiliaria, de administración o de garantía) en beneficio del fideicomitente o de un tercero. Cuando involucra la transferencia de bienes inmuebles, debe otorgarse obligatoriamente mediante escritura pública.

El Poder Especial otorga facultades expresas para realizar uno o varios actos jurídicos determinados (por ejemplo, vender una propiedad específica o actuar en un divorcio) y se otorga mediante documento privado con presentación personal (autenticación) ante notario. El Poder General otorga amplias facultades de administración y representación para todos los negocios del poderdante y debe otorgarse obligatoriamente mediante escritura pública.

Es una manifestación bajo la gravedad de juramento realizada ante un notario, mediante la cual una persona declara hechos verídicos sobre situaciones particulares (por ejemplo, estado de desempleo, convivencia, dependencia económica o carencia de ingresos). Es requerida de forma habitual para trámites ante entidades públicas, cajas de compensación, fondos de pensiones o instituciones financieras.

Sí. El acta de conciliación lograda en Notaría mediante la gestión de un conciliador autorizado hace tránsito a cosa juzgada (el asunto no puede volver a debatirse por las mismas causas) y presta mérito ejecutivo. Esto significa que las obligaciones claras, expresas y exigibles contenidas en el acuerdo de conciliación pueden ser exigidas directamente ante las autoridades judiciales en caso de incumplimiento por alguna de las partes.